El Gobierno de Aragón espera convocar ayudas al sector auxiliar de la automoción el próximo mes de junio, según ha anunciado este viernes el presidente, Javier Lambán, en la sesión plenaria de las Cortes.
En su intervención, Lambán ha recordado que la Mesa de la Automoción ya ha empezado a trabajar en la elaboración del Plan de Movilidad 2018-2020 y ha dejado claro que la apuesta de Opel/PSA por ensamblar en exclusiva el nuevo Corsa eléctrico a partir de 2020 en la factoría de Figueruelas (Zaragoza) «ha sido un acicate muy importante».
El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Eduardo Peris, ha preguntado al Gobierno de Javier Lambán cómo está preparando a Aragón para la llegada del coche eléctrico, y ha pedido un estudio para «adelantar el futuro inminente» de una nueva forma de movilidad.
«En poco más de año y medio, Aragón va a ser una potencia mundial en la fabricación de coches eléctricos y, sin embargo, no vamos a poder utilizarlos en nuestra carreteras porque la actual Administración autonómica ni ha empezado a hacer los deberes», ha afirmado Peris.
Por su parte, Arturo Aliaga, presidente del Partido Aragonés (PAR), ha opinado que, con la llegada del Corsa eléctrico, «es el momento de acelerar más las acciones del Gobierno en este sector», destacando el «cambio trascendental» que va a suponer esta tecnología, que obliga a Aragón a posicionarse en multitud de campos.
En este sentido, ha propuesto crear un Instituto de la Automoción de Aragón, como ya lo hay en Galicia, de forma que se dé soporte al sector y a los proveedores. Ha planteado medidas como utilizar espacios de titularidad autonómica para instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos y colaborar con municipios como el Ayuntamiento de Zaragoza.
El Gobierno de España destinó 35 millones de euros durante 2017 en ayudas para la compra de coches eléctricos e híbridos, y comunidades autónomas como Canarias, País Vasco, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid y Cataluña han aprobado legislación concreta bien para la compra de estos vehículos o para la instalación de puntos de recarga, han subrayado desde el PP. «Pero el Ejecutivo socialista de Aragón sigue siendo una excepción y penaliza a los conductores que optan por este nuevo modelo de movilidad más sostenible, además de no favorecer la compra de estos vehículos».
El diputado popular ha planteado al Gobierno regional a realizar un estudio, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, para conocer el impacto en diferentes situaciones de la implantación masiva del coche eléctrico y, a través de simulaciones, preparar la red aragonesa de distribución para compatibilizar los actuales usos domésticos e industriales con una mayor demanda derivada de la utilización del automóvil impulsado por baterías.
Eduardo Peris es consciente del relevante papel que deben jugar las empresas eléctricas para conseguir una planificación adecuada, «pero si el Gobierno de Aragón no tiene claro qué es lo que quiere hacer, y por lo que estamos viendo todavía no lo tiene, va a ser muy difícil que conceptos como equilibrio territorial e intereses empresariales encajen adecuadamente. Y la obligación de la Administración es adelantarse y tenerlo previsto», ha asegurado.
Peris ha lamentado el escaso resultado de la primera reunión que mantuvo la Mesa de la Automoción el pasado martes, 13 de marzo, patrocinada por el Gobierno de Aragón y con la intervención de sindicatos y empresas del sector que producen en la Comunidad.
»La consejera Gastón habló mucho de prepararnos para las nuevas modalidades de movilidad, aunque nada trascendió sobre el enfoque del Ejecutivo sobre la llegada del coche eléctrico que, para el Partido Popular, debería ser una de las áreas prioritarias de investigación y desarrollo», ha agregado.
Por su parte, la portavoz parlamentaria de IU, Patricia Luquin, ha criticado el modelo Tavares, mediante el que no se compite en relación a la calidad, sino por la precarización del salario y las condiciones laborales, indicando que «así es imposible» competir.
«O lo hacemos de otra manera o no tendremos futuro», ha considerado Luquin, quien ha opinado que este modelo «tiene algo de peligroso» y carece de memoria histórica.
Ha preguntado al presidente si está dispuesto a vincular las ayudas al sector a la garantía de la estabilidad del empleo y las condiciones laborales. También ha abogado por desarrollar el proyecto ‘Cero emisiones en movilidad’, señalando que la ciudad de Zaragoza es «muy propicia» como campo de pruebas.